Desde la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, damos a conocer el posicionamiento institucional sobre el debate en curso para la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657. Lo hacemos a través del Consejo de Carreras afines que nuclea el profesorado y la licenciatura en Psicología y las tecnicaturas universitarias en Psicogerontología y en Acompañante Terapéutico.
COMUNICADO
En defensa de la salud mental como derecho humano: posicionamiento frente a la reforma legislativa y el rol de la Universidad Pública.
La comunidad universitaria tiene una responsabilidad fundamental en la defensa de los derechos humanos, la educación pública y la construcción de políticas sanitarias que garanticen la dignidad y el bienestar de las personas.
En este marco, la discusión legislativa sobre la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 interpela directamente a las universidades públicas y, particularmente, a las instituciones formadoras de profesionales del campo de la salud -entre ellas la psicología, el acompañamiento terapéutico, la psicogerontología y demás disciplinas que intervienen en el cuidado y acompañamiento de las personas.
La Ley 26.657, sancionada en 2010, representó un avance fundamental al establecer un modelo de atención integral, interdisciplinario, comunitario y respetuoso de los derechos humanos. Reconoció a las personas con padecimientos mentales como sujetos plenos de derecho, promoviendo su autonomía, inclusión social y participación en las decisiones sobre sus tratamientos.
Frente al proyecto de reforma que obtuvo media sanción en el Senado de la Nación, expresamos nuestra preocupación por aquellas modificaciones que podrían debilitar estos principios y producir retrocesos en materia de derechos, autonomía profesional y organización del sistema sanitario.
Defensa de la interdisciplinariedad, la autonomía profesional y el reconocimiento de todas las disciplinas de la salud
Uno de los aspectos centrales de la reforma es la incorporación obligatoria de un médico psiquiatra en los equipos interdisciplinarios. Si bien reconocemos la importancia de la psiquiatría y la necesidad de fortalecer la disponibilidad de especialistas, consideramos que esta incorporación no debe traducirse en una jerarquización de una disciplina sobre las demás, ni en la subordinación de los saberes psicológicos, sociales y comunitarios.
La Ley 26.657 reconoce, en sus artículos 8, 9 y 13, la importancia de los equipos interdisciplinarios, la participación de distintas profesiones y la posibilidad de acceder a funciones de conducción y gestión conforme a la idoneidad. La salud mental es un fenómeno complejo que requiere integrar dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, familiares, culturales y económicas.
Por ello, manifestamos nuestra firme oposición a cualquier modificación que restrinja la autonomía de los psicólogos, reduzca su participación en las decisiones clínicas e institucionales, o desvalorice las competencias de los demás profesionales que integran el campo de la salud. La salud mental requiere indispensablemente del aporte articulado de psicólogos, acompañantes terapéuticos, psicogerontólogos, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, enfermeros y demás profesionales. Su participación no constituye un complemento prescindible, sino una dimensión necesaria de un sistema sanitario integral que garantice sus competencias, formación específica y condiciones laborales dignas.
Defender la interdisciplinariedad significa reconocer que ninguna profesión puede sustituir a las demás y que la calidad de la atención depende de la integración de diferentes saberes.
Preocupación por las consecuencias sanitarias y sociales de la reforma
Desde una perspectiva de salud pública, advertimos riesgos críticos que deben ser considerados durante el tratamiento legislativo:
- Mayor predominio del modelo biomédico: el riesgo de reducir los padecimientos subjetivos a diagnósticos psiquiátricos y respuestas farmacológicas, relegando intervenciones psicológicas, sociales y comunitarias.
- Modificación de los criterios de internación involuntaria: la ampliación de las condiciones de riesgo consideradas puede incrementar las restricciones a la libertad personal si no se establecen garantías rigurosas de excepcionalidad, proporcionalidad y control.
- Debilitamiento de la atención comunitaria: la posibilidad de fortalecer instituciones especializadas no debe implicar un retroceso en el desarrollo de centros territoriales, hospitales de día, atención ambulatoria y dispositivos de inclusión social.
- Mayor desigualdad en el acceso a la salud: la falta de recursos humanos y presupuestarios puede afectar especialmente a quienes dependen del sistema público.
- Traslado de responsabilidades a las familias: la continuidad de los tratamientos y los procesos de externación deben contar con respaldo estatal y profesional, sin depender exclusivamente de los recursos familiares.
Fundamentos jurídicos y rol de la Universidad Pública
Este posicionamiento se fundamenta en la Constitución Nacional, la Ley 26.657, la Ley 26.529 de Derechos del Paciente y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378 y 27.044). Estas normas reconocen la autonomía, la igualdad, la dignidad, el consentimiento informado, la capacidad jurídica y el derecho a recibir atención de salud sin discriminación.
Toda modificación legislativa debe respetar estos principios, garantizando que las internaciones involuntarias sean excepcionales, debidamente fundamentadas y sometidas a controles efectivos. Asimismo, la Ley 26.657 (artículo 33) establece la responsabilidad de las universidades en la formación de profesionales conforme a los principios de derechos humanos y salud mental. En este sentido, la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) tiene un papel fundamental en la promoción de debates académicos y en la defensa de políticas sanitarias integrales.
En función de lo expuesto:
1. Hacemos llegar a las y los legisladores de Entre Ríos el presente posicionamiento institucional, quedando a disposición para profundizar las expresiones aquí vertidas.
2. Solicitamos a la Cámara de Diputados de la Nación que contemple las observaciones de las universidades públicas, los colegios profesionales, los trabajadores de la salud y las organizaciones de personas usuarias y familiares.
3. Sostenemos la importancia de defender las incumbencias, la autonomía y la participación efectiva de los psicólogos y demás profesionales de la salud en los equipos y decisiones institucionales.
4. Consideramos imprescindible reconocer y fortalecer las distintas disciplinas que intervienen en la atención, el cuidado, el acompañamiento, la rehabilitación y la inclusión social.
5. Reclamamos financiamiento suficiente para garantizar equipos interdisciplinarios, tratamientos ambulatorios, dispositivos territoriales y condiciones laborales dignas.
La salud mental no puede reducirse a una cuestión exclusivamente médica, diagnóstica o institucional; es una dimensión fundamental de la vida humana vinculada con la dignidad, la autonomía y los lazos sociales. La psicología y las demás profesiones del campo de la salud cumplen funciones esenciales que exigen un reconocimiento real y efectivo.
La Universidad Pública tiene la responsabilidad ética, científica y social de participar activamente en este debate, aportando conocimiento y compromiso democrático. Por ello, expresamos nuestra firme oposición frente a aquellas modificaciones que puedan debilitar la interdisciplinariedad, restringir la autonomía profesional, ampliar injustificadamente las restricciones de derechos y desfinanciar los dispositivos comunitarios.
Sin presupuesto que garantice el cumplimiento efectivo de la ley actual, sin conformación de equipos interdisciplinarios ni de programas que promuevan la creación de dispositivos sustitutivos comunitarios y la participación de usuarios y trabajadores de salud, no hay salud mental posible. Sin políticas que promuevan una mejora en las condiciones de vida de la población y la conformación del lazo social, tampoco.
Exigimos un debate legislativo que no restrinja derechos ni subordine saberes.
El desafío de una política pública de salud mental no debe ser aumentar la capacidad de internar personas, sino fortalecer la capacidad del Estado para prevenir el sufrimiento, acompañar a quienes lo padecen y garantizar su inclusión social.
Sin derechos no hay salud mental. Sin fortalecimiento y promoción de la comunidad no hay inclusión social.