Quiere decir que su ejercicio puede comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes. La legislación exige que las carreras declaradas de interés público respeten determinada carga horaria, contenidos curriculares básicos, criterios sobre intensidad de la formación práctica y acreditación periódica por la CONEAU. La Resolución 343/09 del Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades, determinó todos estos aspectos.