
En sesión plenaria, el Consejo Directivo de la FHAyCS UADER manifestó su preocupación por el decreto provincial Nº 2817/25 que vulnera la autonomía universitaria.
En su 9ª Sesión Ordinaria, el órgano de cogobierno de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER, analizó en detalle el Decreto Nº 2817/25, firmado por el Gobernador Rogelio Frigerio, y la Resolución Nº 167/25 rubricada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Las y los consejeros manifestaron su preocupación por el avasallamiento a la autonomía universitaria y advirtieron sobre la gravedad institucional de este tipo de decisiones.
El Decreto Nº 2817/25, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, el 13 de octubre pasado, dispone la intervención del Poder Ejecutivo provincial en los procesos de contratación y designación de personal en todos los organismos del Estado, incluyendo expresamente a la Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Días después, la Resolución Nº 167/25 del Ministerio de Hacienda y Finanzas «aclara» el alcance de la medida, exceptuando a la Universidad de solicitar autorización previa. Si bien la resolución aclara y desvincula a la Universidad de la mayoría de los alcances del Decreto, mantiene la obligación de informar sobre los actos administrativos, cuestión que implica una vulneración a la autonomía. Cabe señalar, que en términos jurídicos, una resolución es una norma de menor rango que un decreto, por lo que no puede dar marcha atrás con lo expresado en el mismo.
Durante la sesión, las y los integrantes del Consejo Directivo abordaron las medidas emitidas por el Gobierno provincial y coincidieron en que ambas constituyen una intromisión directa sobre la autonomía universitaria, principio reconocido por la Constitución Nacional, la Ley de Educación Superior y la Constitución de la Provincia de Entre Ríos.
«No consideramos que se trate de un error administrativo, sino de una definición política que avanza sobre el sistema universitario público», expresaron consejeros y consejeras durante el plenario, en el que además se trató el orden del día previsto. Asimismo, el cuerpo colegiado advirtió que este tipo de acciones alimentan discursos que buscan difamar a la Universidad pública, insinuando que sus movimientos presupuestarios no se auditan o que existen manejos discrecionales.
Por su parte, las autoridades de la Facultad subrayaron que todas las designaciones, gastos y/o erogaciones se realizan dentro del marco del crédito presupuestario establecido por la Ley Nº 11.176 y que la Universidad cumple con los mecanismos de control y auditoría correspondientes ante los organismos competentes. En este sentido, remarcaron que no se trata sólo de un debate administrativo, sino de la defensa del principio de autonomía que es constitutivo de las instituciones universitarias.
En ese marco, el Consejo Directivo resolvió conformar una Comisión Especial, -integrada por representantes de todos los claustros, con asesoramiento legal- que elaborará un informe sobre el impacto del decreto provincial y la resolución ministerial para definir las medidas a tomar para garantizar el normal funcionamiento de nuestra casa de estudios.
Finalmente, la Facultad reafirma que la autonomía universitaria no puede subordinarse a decisiones coyunturales del Ejecutivo. Su defensa es condición indispensable para garantizar una educación pública libre, crítica y convoca a la comunidad educativa a continuar defendiéndola.
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