Al igual que en años anteriores, la sede Concepción del Uruguay de la FHAyCS|UADER participó el pasado jueves 24 de marzo de las diversas actividades desarrolladas en el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado que dio inicio en 1976 a la dictadura cívico-militar que usurpó el gobierno de nuestro país durante más de siete años por medio del terror planificado.
Las diferentes acciones llevadas a cabo por la Comisión Memoria, Verdad y Justicia, de la cual forma parte el Área Memoria y Derechos Humanos de nuestra Facultad, tuvieron en esta oportunidad un sentido particular, no sólo por el hecho de cumplirse 40 años del nefasto golpe, sino también debido al contexto político que atraviesa nuestro país actualmente, donde se observa el interés deliberado del poder por poner en marcha un proyecto económico semejante al que en su momento implementaran los genocidas.
Se transcribe a continuación el documento elaborado por la Comisión Memoria, Verdad y Justicia y leído en el acto que tuvo lugar en la Plaza Francisco Ramírez luego de la movilización:
24 de marzo de 2016
A 40 años de la implantación del terrorismo de Estado por la dictadura cívico-militar, recordamos y enarbolamos las banderas de nuestros compañeros asesinados y desaparecidos. Y subrayamos aquí el elemento cívico, pues no debemos olvidar que ese Estado terrorista hubiera sido imposible sin el apoyo activo del poder económico, de la Sociedad Rural, de la Unión Industrial, del sector financiero, de la cúpula de la Iglesia católica, de los grandes medios de comunicación y de los jueces de la dictadura, que cajoneaban expedientes y se vendaban los ojos frente a la más atroz injusticia que recuerde nuestra historia reciente. Y también con el apoyo de importantes sectores dirigentes de los partidos políticos históricos de nuestro país. Tanto es así que la masacre había comenzado antes del 24 de marzo, más precisamente bajo el gobierno de Isabel Martínez de Perón, con el Operativo Independencia y con el accionar de la Triple A, bajo el mando de José López Rega, ministro de ese gobierno.
La dictadura tuvo entre sus tareas más urgentes el aniquilamiento de una tradición de lucha y resistencia obrera que durante las décadas del 60 y 70 había desarrollado una clara conciencia de sus intereses y de la necesidad de luchar por sus derechos. Así, protagonizaron las luchas más profundas de la historia de la clase trabajadora de nuestro país, y desafiaron el poder de los empresarios. Ese desafío al poder económico fue la verdadera causa del golpe genocida y el aniquilamiento del pueblo trabajador. La deuda externa que hoy seguimos pagando es una herencia maldita de ese período, que resultó de la estatización de la deuda privada de Sevel, por entonces del Grupo Macri; de Acindar, del ex ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz; de Loma Negra, de los Fortabat; y Compañía Naviera, de la familia Pérez Companc. De corporaciones extranjeras, como Techint, IBM, Ford y Fiat. Y, por supuesto, del sector financiero: Banco Río, Francés, Citybank y Supervielle, entre otros.
El Gobierno nacional elegido por voto popular expresa hoy un claro retorno a las más explícitas políticas neoliberales, las mismas que se iniciaron en 1976. La variable del ajuste es, una vez más, la clase trabajadora: más de 100 mil despidos, de los cuales la mitad corresponden al sector privado y una ingente transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía son algunas de las medidas que lo demuestran.
Hemos recorrido un extenso período de dolor, militancia y lucha para revertir las consecuencias terribles de aquel período devastador con nuestras madres y abuelas que se plantaron y construyeron caminos de futuro: en la actual coyuntura todo lo logrado en cuarenta años y en especial en materia de Derechos Humanos está seriamente amenazado. Hacemos nuestra la voz de los organismos de Derechos Humanos que han reclamado ante el nuevo mandatario los siguientes puntos:
- Es fundamental que se sostenga la actuación como querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en los juicios en curso, con especial énfasis en los juicios que se desarrollan en las provincias. Es imprescindible que se continúe acompañando a víctimas y testigos, a través del “Centro Ulloa” y del “Programa de Protección” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
- Del mismo modo, que continúe la labor de las direcciones de Derechos Humanos de los Ministerios de Defensa y Seguridad de la Nación y sus áreas equivalentes en la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central. También es fundamental que continúen las investigaciones y apoyos que presta el “Programa Verdad y Justicia”. Estos programas que se han visto afectados o directamente desmantelados en la actual administración.
- Búsqueda de los jóvenes apropiados y nacidos en cautiverio. Es preciso el fortalecimiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) y del Banco Nacional de Datos Genéticos, como pilares fundamentales del compromiso y la obligación del Estado en la búsqueda de los nietos y nietas que todavía nos falta encontrar y quienes siguen privados de su derecho a la identidad.
- Los sitios y espacios de memoria. Los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio deben seguir siendo preservados como pruebas judiciales, debidamente señalizados y conservados. Además, se requiere sostener los recursos humanos y materiales de los espacios de memoria, para enseñar a las futuras generaciones el respeto por los derechos humanos.
- La búsqueda de los prófugos. Todavía hay más de 70 personas acusadas por delitos de lesa humanidad que son buscadas por el Poder Judicial. Los Ministerios de Justicia y Seguridad deben continuar y fortalecer el trabajo para encontrarlos.
- Las modificaciones, por decreto, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual redujeron drásticamente el papel del Estado en la regulación del sistema de medios y habilitan que se consolide la concentración. También se realizaron reformas que reducen la participación de la sociedad civil en las instancias de toma de decisiones sobre las políticas públicas en este campo. Estas medidas afectan negativamente el pluralismo y el ejercicio del derecho a la comunicación en nuestro país.
Repudiamos el pago a los fondos buitres, la expresión más degradada del capitalismo usurero internacional; la experiencia histórica demuestra que cada vez que nuestro país inicia un ciclo de endeudamiento, muy lejos de traer crecimiento y empleo, la deuda sólo trae más deuda, recesión, desocupación y pobreza para las mayorías populares. En este contexto apoyamos las presentaciones judiciales del Dr. Eduardo Barcesat y de Mario Cafiero.
No puede escapar a nadie que la visita del presidente Obama expresa la intención de la diplomacia estadounidense de respaldar al gobierno de derechas de Mauricio Macri, visto como el ariete neoliberal para terminar con 15 años de gobiernos progresistas y populares en la región, abriendo una nueva etapa de profundización de las políticas neoliberales y mayor dependencia a los organismos financieros de crédito, de triste memoria en nuestro país. Hasta 2015, Argentina integró el bloque de esos países que durante más una década desafió los intereses estadounidenses en la región. No sólo encabezó el “no al ALCA”, también tuvo un rol activo en la UNASUR y la CELAC.
Es un mensaje envuelto de significativo simbolismo. Su visita no sólo tiene por objetivo consolidar el apoyo imperialista al gobierno de Macri (quien mejor representa la política de cuidar lo que ellos consideran su “patio trasero”), sino que se realiza el día del aniversario del golpe contra revolucionario, que violó sistemática y masivamente los derechos humanos en nuestro país. Resulta una provocación, en una fecha en la que exigimos justicia por nuestros muertos y desaparecidos, que venga a nuestro país el máximo representante político del imperialismo norteamericano, que en nombre de los Derechos Humanos y la Democracia asesina hoy a población civil por millares en Iraq o Afganistán, o mantiene un centro de torturas en Guantánamo. Lo mismo hizo ayer, cuando el ex secretario de Estado Henry Kissinger articulaba el Operativo Cóndor con las tiranías del Cono Sur.
No han perdido actualidad las palabras de Jean Jaurès: “el imperialismo es la guerra”. A la guerra, al imperialismo y al neoliberalismo, a todo ello es necesario expresar nuestro más categórico rechazo.
Las políticas neoliberales se dan de bruces con la defensa de los derechos humanos: son incompatibles. En este contexto es imprescindible la unidad del campo popular; resultaría una grave ingenuidad dividirnos por contradicciones secundarias, pues el adversario principal al que nos enfrentamos es un imperialismo feroz, más peligroso todavía cuanto menos posibilidades encuentra de relanzar un sistema decrépito, que declara descartable al treinta por ciento de la humanidad, mientras el uno por ciento más rico concentra más de la mitad de las riquezas mundiales.
Celebramos la creación de la Dirección de Derechos Humanos en el ámbito de nuestra Municipalidad.
Reclamamos:
– Continuidad de los juicios de lesa humanidad, en particular a sus responsables civiles, y apertura de todos los archivos de la dictadura.
- Reclamamos la cumplimentación de la Ley de Reparación N°26.564. En la misma se incluyen en los beneficios establecidos por las leyes 24.043 y 24.411, sus ampliatorias y complementarias, a aquellas personas que, entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983, hayan estado detenidas, hayan sido víctimas de desaparición forzada o hayan sido muertas en alguna de las condiciones y circunstancias establecidas por esas leyes.
- Libertad inmediata de Milagro Sala en concordancia con los pedidos del Parlasur y la ONU.
– Derogación de la Ley Antiterrorista y del protocolo antipiquetes.
– Cumplimiento e implementación de las leyes de igualdad de género. Sistemática investigación y desarticulación de las redes de trata de personas y del narcotráfico, negocios criminales que se apoyan en complicidades políticas, judiciales y policiales.
- Pedimos justicia por Jorge Julio López, por Carlos Fuentealba, por las víctimas del “gatillo fácil”; reclamamos cesen de inmediato las prácticas de maltrato y violencia hacia nuestros jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad -de las que hemos sido testigos también en nuestra ciudad-, prácticas aberrantes heredadas de la dictadura y que debemos desterrar.
Renovamos hoy un homenaje emocionado a nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, son ellas las más alta expresión de la dignidad y el coraje de nuestro pueblo. Son ellas el triunfo de la vida y la alegría, abrazo en el dolor más hondo, canción de cuna, canción de lucha.
30.000 compañeros asesinados y desaparecidos... ¡Presentes! ¡Ahora y siempre!
Por los 15 desaparecidas y desaparecidos uruguayenses... ¡PRESENTES! ¡AHORA Y SIEMPRE!
JUAN RAMÓN ZARAGOZA (CHILO) ¡PRESENTE!; NÉSTOR OMAR ZARAGOZA (NECO) ¡PRESENTE!; VIOLETA GRACIELA ORTOLANI DE GARNIER ¡PRESENTE!; MANUEL LIBEROFF ¡PRESENTE!; HORACIO NORBERTO POGGIO ¡PRESENTE!; ELVIO ÁNGEL BEL ¡PRESENTE!; CARLOS LÓPEZ ¡PRESENTE!; DINA ANA MARÍA NARDONE IRIGOYEN ¡PRESENTE!; MIGUEL ALEJANDRO DOMÍNGUEZ ¡PRESENTE!; RAÚL RENÉ DE SANCTIS ¡PRESENTE!; JUAN ALBERTO URRIARTE ¡PRESENTE!; JUAN CARLOS FULINI ¡PRESENTE!; ALFREDO DANIEL VALENTE ¡PRESENTE!; EDGARDO ROBERTO GARNIER ¡PRESENTE!; MIGUEL ANGEL ROUSSEAUX ¡PRESENTE!
COMISIÓN MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Firman: AGMER, ATE, Familiares de Desaparecidos, CTA de los Trabajadores, Área Memoria y Derechos Humanos FHAyCS|UADER, Partido Comunista, Juventud Comunista, Nuevo Encuentro, Agrupación “La Cámpora”, Juventud Peronista “Evita”, Asociación de Ex-Presos Políticos, Jóvenes por la Memoria, Movimiento Por Todos, Carta Abierta, Agrupación “Frente UADER entre Todos”, Juventud Guevarista, Frente Estudiantil Universitario, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Unión del Pueblo, Agrupación de Educación Popular “Pocho Lepratti”.