Modificaciones en la Ley de Educación Superior: gratuidad, financiamiento e ingreso irrestricto

Las modificaciones de la Ley de Educación Superior (LES) sancionadas el pasado miércoles 29 de octubre refrendan y respaldan el proceso de avance en la garantía de la educación superior como derecho universal que se viene dando en el sistema universitario público del país. Se trata de una reivindicación histórica del movimiento estudiantil y de los colectivos universitarios de todo el país.

El Senado aprobó una serie de modificaciones a la Ley de Educación Superior (LES) que distintos sectores universitarios vienen reclamando desde su sanción en 1995.
El proyecto fue impulsado por la diputada, Doctora en Pedagogía y reconocida referente del campo educativo Adriana Puiggrós (Frente Para la Victoria), y tenía media sanción desde 2013 en la cámara de Diputados. La sanción definitiva en Senadores en general; se consiguió con el apoyo de los bloques UCR (Unión Cívica Radical), Peronismo Federal, Progresistas, todos los bloques pequeños de los partidos de izquierda y contó sólo con el rechazo del PRO, que había votado en contra en la Cámara Baja.

Entre las modificaciones se encuentra la adición del artículo 2 bis, que explicita que las carreras de grado en las universidades públicas son gratuitas y prohíbe establecer «cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa». En este sentido la UADER viene sosteniendo esta política de ingreso en su práctica sin ningún tipo de arancel en sus carreras de grado.

En ese sentido el artículo Nro 1 de la LES reformada, establece que el «Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen la responsabilidad principal e indelegable sobre la educación superior». La modificación de este artículo, uno de los más criticados en la redacción anterior de la Ley,  tiene como objetivo enmarcar las diversas políticas nacionales y propias de cada universidad que, además de garantizar la gratuidad, vienen avanzando en pos de reconocer el carácter de bien público y derecho humano personal y social de la educación y el conocimiento, incluyendo a la educación superior universitaria y no universitaria.

El artículo Nro 2 fue modificado y establece de manera explícita que «el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas», y asigna además la responsabilidad indelegable de garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso, la permanencia y la graduación, y promover políticas de inclusión con perspectiva de género en el marco de la integración latinoamericana». En la UADER, ya se está implementando la ordenanza de respeto a la identidad de género autopercibida, además de diferentes políticas orientadas a garantizar inclusión de estudiantes reconociendo su diversidad. En nuestra Universidad: el Programa de Educación en Contexto de encierro, el Programa de accesibilidad, el Programa de estudiantes mayores de 25 años entre otros.
 
El artículo Nro 7, por su parte, establece el acceso a la universidad como libre e irrestricto para todas las personas que aprueben la educación secundaria y señala la inconveniencia de exámenes eliminatorios u otros mecanismos de exclusión. En la UADER y en nuestra facultad particularmente, los cursos de ingreso tienen carácter no eliminatorio y están destinados a introducir a los jóvenes y adultos a la vida universitaria, a los principios básicos del campo de estudios o disciplina a estudiar, y a la problematización del pasado reciente.

A partir de esta ley, y una vez que se reglamente, cada universidad podrá dictar normas sobre la regularidad en los estudios para establecer sus propias condiciones y criterios académicos exigibles.

Ante algunas críticas al proyecto respecto a que cercena la autonomía de las universidades, la diputada Puiggrós señaló que está garantizada por la propia constitución nacional, y a la vez agregó que: «La autonomía universitaria no quiere decir que las universidades sean extraterritoriales, sino que están bajo la Ley Nacional de Educación y bajo la Constitución Nacional».

En los fundamentos de esta nueva ley se señala que es parte de un «conjunto de leyes nacionales, conforma un sistema integrado y articulado bajo un mismo signo conceptual y programático, donde la marca de las políticas públicas inclusivas es el distintivo identitario». Así esta ley viene a sumarse a una serie de avances en materia educativa: Ley Nacional de Educación; Ley de Educación Técnico Profesional, entre otras que han permitido ampliar derechos para jóvenes y adultos en nuestro país.

Nota producida por:
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