Desde la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales UADER, desde el Programa Institucional de «Géneros, Sexualidades y Derechos» hoy marchamos nuevamente en esta cuarta convocatoria Ni una menos en cada una de nuestras ciudades.
Marchamos para defender la Universidad pública, rechazando los ajustes en educación superior, los recortes presupuestarios y políticas de flexibilización laboral.
Marchamos para volver a decir: Ni una menos. Vivas, libres, soberanas y desendeudadas nos queremos. Las violencias de género son parte de un sistema de opresión con raíces históricas. Nuestros derechos son vulnerados de forma constante, sobre la base de múltiples desigualdades que se reflejan en la vida cotidiana y pública; que se expresan, en la brecha salarial, la doble o triple jornada laboral, el acceso diferencial al trabajo, la salud, la educación, la responsabilidad exclusiva de las tareas de cuidado (realizamos el 76% del trabajo en el hogar y de las tareas de cuidado no remunerados) y la reproducción sistemática de mensajes y prácticas que perpetúan estereotipos e imposiciones sobre nuestras cuerpas.
Denunciamos este modelo capitalista heteropatriarcal, y en nuestro país la brutal transferencia de ingresos hacia los sectores especulativos, de vaciamiento del Estado, la entrega del patrimonio nacional, el extractivismo que ataca las economías regionales y la soberanía alimentaria, que en términos de género, profundiza desigualdades preexistentes.
A tres años del primer Ni una menos, hoy nuevamente marchamos porque: entre el 3 de junio de 2015, y el 29 de mayo de 2018 hubo 871 femicidios (109 vinculados) y 24 travesticidios, 101/114 ocurrieron en lo que va del año (Datos: Mumala y Casa del Encuentro).
Femicidios y travesticidios son el emergente más brutal de la violencia machista y patriarcal, el eslabón más extremo y cruel de una espiral de violencias físicas, psicológicas, económicas y simbólicas. En ese mismo período 908 hijos e hijas quedaron huérfanos, el 89% de los femicidas conocía a las víctimas y casi el 20% de ellas los habían denunciado ante el Poder Judicial. Cuestiones todas que dan cuenta de un estado perpetuador y perpetrador de las violencias al no cumplir con su obligación de garante de leyes, convenciones y tratados que reconocen derechos y garantías de las mujeres, del accionar cómplice de la justicia que otorga impunidad a femicidas, travesticidas, proxenetas, tratantes, violadores y explotadores, mientras criminaliza y violenta a lesbianas, trans, travestis por sus identidades y orientación sexual.
Denunciamos la desfinanciación del INAM (Instituto Nacional de las Mujeres) de aproximadamente un 17% menos para políticas de género.
Exigimos:
-Acceso universal a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Educación Sexual Integral Obligatoria en todas las instituciones, niveles educativos y en forma obligatoria en los planes de estudio de la educación superior.
-Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. En Argentina aproximadamente 500 mil mujeres, de los sectores más vulnerados y sin recursos, recurren al aborto clandestino. Una altísima cifra que demuestra que la penalización no impide su práctica, y sí perpetúa el lucro. ¡Aborto legal ya! Hoy mientras en el Congreso se discute una ley de aborto legal del embarazo, seguro y gratuito las mujeres no tenemos acceso a educación sexual integral, científica y laica ni a métodos anticonceptivos.
-Aplicación efectiva en todo el país de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable.
-Cumplimiento del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (I.L.E.) en los servicios públicos de salud para mujeres, niñas y adolescentes.
-Capacitación obligatoria en perspectiva de género y derechos humanos para todas y todos los trabajadores del Estado.
-Un sistema de salud laico, y la vigencia en todo el territorio nacional del Protocolo para Interrupción Legal del embarazo, en las causales que el mismo Código Penal establece para garantizar la vida y la salud de las mujeres. No queremos que las y los objetores de conciencia se crean con derecho a opinar sobre nuestros cuerpos, no permitiéndonos decidir sobre ellos de manera autónoma y responsable. No aceptamos la injerencia de las iglesias en nuestras vidas y en nuestras cuerpas, como así tampoco los vínculos que mantienen con el Estado.
Basta de ajuste y represión. Rechazamos el disciplinamiento social por medio del disciplinamiento financiero, los tarifazos, y el endeudamiento con el FMI. Rechazamos la reforma previsional y los proyectos de Reforma Laboral.
Desprocesamiento y libertad de los y las presas políticas y para los y las que se defendieron de violencias heteropatriarcales.
Desde 2015 a hoy es significativo el crecimiento del movimiento de lucha por cuestiones de género, y en contra de toda violencia sexista. Celebramos el empoderamiento colectivo en este tema y su crecimiento en el campo de las luchas sociales.
Cómo Facultad, integrante de la Universidad Pública, asumimos el compromiso institucional con el tratamiento de estas problemáticas, en un marco de respeto por los DDHH y por un ámbito libre de violencias.
Basta de feminicidios y travesticidios! Efectivo cumplimiento de la Ley Nacional 26.485 y la Ley Provincial 13.348, de protección integral a las mujeres víctimas de violencia. Políticas públicas para familiares víctimas de femicidio, lesbofemicidio, travesticidio y transfemicidio.
Por Romina, Lidia y Micaela y todas las mujeres asesinadas:
¡Ni una menos! ¡Vivas nos queremos!