Frente al embate a la Universidad Pública y al Sistema de Ciencia y Tecnología

La semana del 6 de agosto comenzó con una medida de fuerza que involucra a las Universidades Nacionales de todo el país. El conjunto de Federaciones sindicales ha definido una medida fuerte: el No Inicio de las clases del segundo cuatrimestre. Aunque hoy se llama a Mesa Paritaria, las medidas continúan y se multiplican las acciones de lucha.

Por un lado se plantea la situación salarial de los docentes, que no han logrado cerrar la paritaria; y por otro la situación presupuestaria de las Universidades: a la demora en el envío de las partidas mensuales del Presupuesto Universitario votado por el Congreso para el 2018 ($103 mil millones), se suma el recorte superior a los tres mil millones de pesos informado por el Gobierno Nacional. Considerando que casi el 90% del presupuesto se destina al pago de salarios, la quita supone una afectación de un 23% de los fondos remanentes para funcionamiento del conjunto del sistema. Ante esta grave situación, los mismos rectores manifestaron su preocupación y alertaron que no están garantizadas las condiciones para sostener las actividades básicas de la Universidad durante el segundo cuatrimestre.

Una situación especial en este contexto, se da en las Universidades del Conurbano Bonaerense; que hoy se encuentran imposibilitadas de sostener programas e inclusive de pagar sueldos docentes. 
Se suma a lo de las Universidades, las situaciones del CONICET, INTI, INTA y otras instituciones estatales ligadas a la Ciencia y la Tecnología que han visto diezmados sus presupuestos, vaciadas sus tareas, reducido su personal. Un discurso denostador del Estado, de la mano de herramientas como Informes de Dotaciones y Plantas óptimas para justificar el ajuste. A esto se suma el nefasto acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que repudiamos y denunciamos, que fija requerimientos en diferentes sectores de la esfera estatal.

Un discurso desde el Gobierno Nacional y su partido se ha instalado fuertemente este año en relación a la Educación Superior y a la Universidad; desde la frase de la Gobernadora de Buenos Aires que expresaba que era inequitativo crear Universidades en determinados contextos porque los nadie que nace en la pobreza llega a la Universidad; hasta las afirmaciones del presidente Mauricio Macri hace unos días diciendo que de una vez por todas debíamos aceptar que ir a la Universidad era un privilegio.
La Universidad Pública argentina hunde sus raíces en la concepción del acceso a la Universidad como un Derecho Social y de los pueblos. Se cumplen este año 100 años de la Reforma Universitaria de 1918; un proceso revolucionario, emancipatorio; que conmovió los cimientos de la Universidad Pública Argentina y más de la sociedad. Nuestra universidad de hoy, es heredera de aquel impulso potente y democratizador.

Universidad Pública, con ingreso irrestricto y gratuita: son los sellos de identidad de una concepción de Universidad que nos distingue en el mundo.

Herederos de esa historia, este 2018 en la III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe coorganizada por el gobierno nacional, el CIN y la UNESCO; se ratificó el postulado de 2008: la Educación Superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber de los estados. La Conferencia expresó en el preámbulo de su declaración final que «estos principios se fundan en la convicción profunda de que el acceso, uso y democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración regional solidaria latinoamericana y caribeña».

Como primera afirmación, es inaceptable en este tiempo, que se conceptualice la educación superior como Privilegio. Somos parte de la UADER; una Universidad comprometida con su territorio; cuya función social primordial es posibilitar el acceso de miles de jóvenes de nuestra provincia a la educación universitaria, hoy contamos con 11 mil estudiantes en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. En este sentido, el sostén y el financiamiento del Estado son y serán fundamentales. Somos una joven universidad transitando un camino constructivo como institución universitaria; normalizada hace apenas 6 años. Compartimos con las Universidades Nacionales su historia y sentido. Sostenemos firmemente que garantizar el derecho a la educación superior no es sólo garantizar el dictado de clases; sino también la investigación, la extensión, el posgrado.

En esta declaración, como Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales queremos expresar que:
-sostenemos nuestro acompañamiento a la lucha de las Universidades Nacionales. Más allá de nuestra dependencia provincial, compartimos diversos espacios con otras Universidades y somos parte de la Universidad Pública Argentina.
-reafirmamos enfáticamente el sentido de la Educación Superior Universitaria en nuestro país; como bien público-social, derecho humano y universal y deber de los estados.
-denunciamos y rechazamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ha fijado 
requerimientos en diversas esferas del Estado.

Expresamos finalmente que desde la Universidad Pública; seguiremos disputando las políticas de ajuste para continuar garantizando derechos; por más y mejor Universidad para nuestro pueblo.-

Foto: Gentileza Revista 170 Escalones.-